El 23 de febrero pasado la secretaria regional ministerial de Salud, Lila Vergara, determinó que los tres camiones aljibes del municipio no estaban aptos para el reparto de agua para el consumo humano.

Situación que complicó no tan sólo a los pueblos del interior, también a sectores aledaños a la ciudad como Verdes Campiñas, es por ello que se determinó la compra de dos nuevos camiones.

Estos podrían estar operativos en 20 días si es que hoy el Concejo Municipal aprueba la alternativa seleccionada por la comisión de adjudicación.

Esta trata de vehículos de origen alemán con una vida útil aproximada de 10 años y su valor bordea los $117 millones. Cifra que puede ser financiada por el Programa de Mejoramiento a la Gestión Municipal proveniente de la Subdere.

"Tuvimos que pasar por el proceso de grandes compras por el valor que representa esta adquisición. Ahora resta que los concejales aprueben la oferta, ya que las otras dos disponibles no nos convencieron del todo, más que nada por la marca de los camiones y también las modificaciones futuras que se les debía hacer lo que implicaría mayores gastos", explicó la administradora municipal, Tamara Aguilera.

Agregó que han hablado con las empresas para que los camiones puedan estar lo antes posible en la ciudad.

En cuanto a los anteriores, "se pensó en una primera instancia en rematarlos pero se definió utilizarlos para el riego de las áreas verdes, que es una de las grandes preocupaciones que tiene la ciudadanía", comentó Aguilera.

Respecto a las comunidades y su abastecimiento, se informó que han tenido reparto, no tan regular como de costumbre, "pero los suficientes para suplir las necesidades básicas", esto gracias a un convenio de cooperación con privados. "Nos queda un reparto más hasta que lleguen los otros camiones", dijo la profesional.

Por su parte los pueblos de Alto El Loa han sido suministrados gracias a ayuda de Bomberos.

millones es la inversión municipal destinada a comprar los vehículos para repartir agua a los sectores vulnerables. $117

Daniela Valdés Gutiérrez

Durante esta semana se incorporaron al municipio de Calama seis nuevos inspectores. Estos, tendrán como primera misión fiscalizar que los vendedores ambulantes, específicamente del sector centro de la ciudad y los ubicados en la feria Modelo, cuenten con sus permisos al día y que sus productos cumplan con la normativa.

Trabajo que será complementario al que están realizando actualmente las autoridades, y que tiene relación con una modificación a la ordenanza que regula este tipo de comercio para evitar la competencia desleal y conflictos tanto con los comerciantes establecidos como con la comunidad en general.

Ordenamiento

En ella se establece una redistribución de los espacios, siendo más restrictiva en el paseo peatonal Ramírez y en la plaza 23 de Marzo. El motivo, es que en dichos lugares se les permitirá a los locales estables expandirse e instalar terrazas para crear un bulevar, el cual también será regulado para dar uniformidad al sector.

"Estamos trabajando para justamente reformular y reordenar. Necesitamos tener una mejor planificación y este instrumento nos va permitir entregar una mejor redistribución de los espacios en la comuna", comentó el alcalde, Daniel Agusto.

Agregando que es un gran desafío "pero es necesario, ya que no esperaremos a que esta situación se salga de control. Esperamos que en los próximos meses ya tengamos los lineamientos principales para aprobar esta nueva regulación".

Es por ello que actualmente se están entregando sólo permisos o renovaciones por tres meses, de esa forma se evitan complicaciones una vez que se ponga en vigencia la modificación, según explicó la administradora municipal, Tamara Aguilera.

Quien también declaró que como administración desean darle la oportunidad de emprender o de surgir a todos, pero bajo las mismas reglas.

"No queremos que salgan perjudicados los comerciantes establecidos, pero tampoco dejar sin fuente laboral a los ambulantes, por ello redistribuiremos los sectores para que estos últimos puedan establecerse, lógicamente todo acorde a la normativa respecto a sus productos por ejemplo", expresó la profesional.

Autorizados

En este periodo se han autorizado a 40 vendedores de este tipo. Ellos fueron aceptados luego de ser evaluados por los departamentos sociales del municipio.

En el proceso se les realiza una revisión del registro social de hogares y de la situación económica, además de antecedentes de salud, para privilegiar a personas que necesitaban una fuente de ingreso.

Antes de junio la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) dará por finalizada la etapa investigativa del expediente por eventuales daños al ecosistema del salar de Punta Negra. Así lo anunció el jefe regional de la repartición gubernamental, Ricardo Ortiz, quien adelantó que una vez finalizado ese proceso se decidirá sobre eventuales sanciones a Minera Escondida y SQM.

A mediados de septiembre del año pasado el senador Alejandro Navarro junto a la agrupación Protejamos el Salar Punta Negra, llegó a la zona para presentar una denuncia en contra de ambas mineras por lo que llamó un "ecocidio" en el Salar de Punta Negra, ubicado entre la Cordillera de Domeyko y de Los Andes.

"Esa denuncia del senador Navarro, se suma a otras que ya había respecto de esa materia y asociado al expediente de fiscalización que ya tenía esta empresa. Hemos avanzado y se han hecho varias gestiones que aún no es posible hacer públicas", explicó Ortiz.

Análisis

La investigación está siendo desarrollada por profesionales de la SMA con apoyo de otras reparticiones de gobierno como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), las que han estado analizando datos y recogiendo evidencia en terreno.

Según Ortiz, durante febrero equipos de ambas instituciones hicieron la última visita inspectiva al salar de Punta Negra. "Ahora estamos en proceso de hacer los análisis de gabinete con la información recogida y en función de eso resolveremos si es que hay mérito suficiente para iniciar un proceso sancionatorio", explicó.

Ortiz reconoció que se trata de un tema muy complejo y eso explica la demora de la investigación. No obstante, adelantó que la etapa de fiscalización esperan finiquitarla antes de junio "para durante el segundo semestre tomar una decisión en torno a si hay o no un proceso sancionatorio contra la minera".