Continúa la preocupación de los agricultores de Calama frente a la problemática por la obtención de los títulos de dominio de sus terrenos, a pesar que algunos llevan entre 20 y 30 años esperando conseguir la potestad del lugar que han habitado gran parte de sus vidas. Por esta razón el seremi de Bienes Nacionales, Arnaldo Gómez, se reunió con ellos y les explicó que han finalizado el análisis de los 29 casos que califican; logrando enviar al ministerio 6 de ellos y los 9 restantes se definirían a nivel regional.

"Los terrenos que están siendo analizados se emplazan principalmente en zonas rurales de la ciudad, los cuales en razón de la evaluación de los antecedentes presentados por Indap y la seremi de Agricultura, más la fiscalización y trabajo técnico de nuestra cartera en materia de tasación de terrenos; hemos constituido un expediente que apela al otorgamiento del terreno a título gratuito a los agricultores" explicó Gómez.

Situación

A pesar de los avances que ha logrado la cartera regional de Bienes Nacionales, los agricultores esperan que se agilicen los trámites y que además se consideren también los otros casos que no fueron tomados en cuenta.

El presidente de la Asociación de Agricultores de Calama (ASAC), Esteban Araya, comentó que existen resoluciones que él no comparte, como la cantidad de casos que se dejaron fuera.

"Hay 4 casos que calificaron para continuar con el sistema de arriendo y de los 29 que calificaron para título gratuito, 15 están en el área rural y 14 en sector urbano con restricción, los cuales no tienen solución por cómo lo califica el Plan Regulador, ya que según Bienes Nacionales, la normativa interna que poseen, no podrían acceder a gratuidad y esto no puede quedar así, porque estos agricultores también tienen derecho a tener propiedad sobre sus tierras y debiera haber voluntad política para ello" precisó.

Sin embargo, el seremi de Bienes Nacionales, mencionó que ellos están tranquilos frente a la gestión que ha realizado la secretaría regional, ya que son tramitaciones que llevan muchos años y ellos en un sólo año han logrado apurar la tramitación y hoy están en una etapa de definición.

Frente a los 14 casos que está complejos, el seremi de Agricultura, Jaime Pinto, manifestó que "se está barajando la posibilidad de que se les venda el terreno, pero los precios son muy elevados y tenemos que solicitar la colaboración de los parlamentarios y poder modificar la legislación, para que se puedan enajenar con valores preferenciales para los agricultores; ya que ellos no tienen la capacidad de pagar grandes sumas de dinero que al final se traducen en precios prohibitivos para la continuidad de esta actividad".

El seremi de Bienes Nacionales explicó que frente a la valorización de terrenos hay un proceso de retasación fiscal que lleva el SII y que impacta directamente en ámbito inmobiliario.

"Además este cálculo se toma como valor base para toda valorización de renta de arriendo, concesión y venta de los terrenos, lo que está absolutamente normado y por ello no es subjetiva la definición de los valores" argumentó.

Durante lo que va del año, el ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Aguas (DGA), ha recibido 11 denuncias por apropiación indebida de los derechos de aprovechamiento de agua y modificaciones de cauces sin autorización, principalmente en la provincia del Loa.

Dentro del proceso de fiscalización, la DGA ha verificado diversas infracciones que pueden ser: extracciones de aguas sin título, extracciones de aguas con título, pero en puntos no autorizados, extracciones de aguas con título, pero por caudales mayores a los autorizados, intervención y modificaciones de cauces naturales y artificiales, sin autorización y construcción de obras sin autorización.

El seremi de la cartera, César Benítez, indicó que esta cantidad de denuncias es bastante mayor a las que se han recibido años anteriores. "En promedio sólo se recibían anualmente cuatro denuncias por este ilícito, pero en lo que va del año ya tenemos 11 realizadas por los vecinos, lo cual valoramos mucho y queremos incentivar para que siga en aumento".

Fiscalización

La autoridad precisó que los reclamos más reiterativos realizados por la comunidad están asociados a la modificación de los canales de regadíos por parte de terceros y, la ejecución de obras sobre el río Loa, ambas situaciones sin la autorización correspondiente de la DGA.

Benítez indicó además que debido a lo anterior, este año el servicio reforzó la Unidad de Fiscalización y Medio Ambiente con la contratación de más profesionales. Además, tienen como meta efectuar 200 fiscalizaciones selectivas este año, de las cuales llevan realizadas 120.

"A través del Código de Aguas, se han regularizado casi el 100% de los derechos de aguas superficiales de uso ancestral a las diferentes comunidades indígenas. Respecto a aguas subterráneas, los derechos constituidos superan los 16.000 litros por segundo, principalmente en comunas en las que se verifica la constitución de aguas subterráneas, es decir, Antofagasta, Calama y San Pedro de Atacama, cuyo uso principal es el minero" puntualizó el director regional de la DGA, Norberto Portillo.

Las sanciones a las que se arriesgan quienes sean sorprendidos realizando extracción ilegal de agua, pueden ser de orden civil y/o penal. Las sanciones civiles, pueden ascender hasta 20 UTM, y en el caso penal, los castigos pueden ser de presidio, y multas de 11 a 20 UTM. Para otras infracciones cometidas, las sanciones varían de 20 a 500 UTM o de 100 a 1000 UTA.

La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD) del municipio de Calama es la única que existe a nivel regional y actualmente logró firmar un convenio de cooperación con el Servicio Nacional de Menores (Sename), el cual apoyará labores como la protección de derechos de los niños a través de distintas herramientas, entre ellas el trabajo constante en terreno y con las familias de pequeños que viven en situación de vulnerabilidad.

Los concejales de la comuna aprobaron este convenio, con el fin de que se pueda apoyar el trabajo que realiza la OPD en Calama, ya que el objetivo de esta es contribuir a la instalación de sistemas locales de protección de derechos, que permitan prevenir y dar respuesta oportuna a las situaciones de vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes.

Lo anterior, a través de la articulación de actores presentes en el territorio como garantes de derechos, así como también del fortalecimiento de las familias en el ejercicio de su rol parental, como la participación sustantiva de los directos beneficiados.

Convenio

Este convenio además contempla el otorgamiento de atención psicosociojurídica a niños, niñas y adolescentes con sus familias, servicios que tendrán que ser cancelados con recursos propios de la OPD o derivados a la red especializada.

Además, un 8% de la población que se atiende a través del convenio deberá tener atención personalizada a nivel psicosocial y/o jurídica en caso de vulnerabilidad de derechos.

Sumado a lo anterior, los niños, niñas y adolescentes podrán estar insertos en el programa de Protección Social, Salud y Educación, mediante una calificación según rangos de edad y situación en la que se encuentren.

Además, a través de este convenio, la OPD además deberá asegurar el fortalecimiento de las competencias parentales que corresponden a las familias, privilegiando aquellas acciones destinadas a evitar la separación del niño o adolescentes con ellos o con aquellos que tengan su cuidado.