Resulta a veces increíble lo dependiente, lento y entrampado que se ha tornado el desarrollo de nuestras ciudades. Hoy por hoy con algunos proyectos emblemáticos de Calama enredados en decenas de esos trozos de celulosa con fibras vegetales llamados papeles, que esperan por firmas, autorizaciones, validaciones y revisiones de muchos funcionarios del aparataje del sistema de inversiones público, cuan más bello ejemplo de una burocracia enfermiza y contraproducente.

A propósito de los impactantes recientes casos de evasión de impuestos, colusión de precios, financiamiento irregular de campañas políticas y otros tantos eventos inmorales que suceden en un país como el nuestro; el "chaqueteo" y la incesante disputa de bandos políticos provocan el actuar con temor de aquellos que no tienen claro lo que están haciendo; sentirse complacidos a aquellos que buscan sentirse importantes porque tienen que firmar un papel o, peor aún, mantener ejércitos de profesionales circulando papeles en vez de desplegar todo su potencial técnico para pensar y hacer buenos proyectos.

No hay que olvidar que el "sin la firma no vale" se origina principalmente porque no se es capaz de mantener la palabra, la credibilidad, la seriedad y para evitar que algún mal intencionado del bando contrario le dé una interpretación distinta y ponga en aprietos la figura de algún otro.

La burocracia y la gran cantidad de papeles y funcionarios generando y gestionando los flujos de éstos papeles han crecido importantemente y se ha posicionado a un punto tal que afecta el poder impulsar, desarrollar y sobre todo terminar esos proyectos que tanto aportan al bienestar de una comunidad.

Lamentablemente, los circuitos que siguen estos papeles pasan por muchas manos y en esos últimos escritorios de Santiago compiten con otras decenas de miles de papeles provenientes de todos los rincones de Chile que añoran también una señal de cariño e importancia. Todos ellos ciertamente provienen de aquellas necesidades creadas y legitimadas por los constantes mensajes positivistas de que somos un país que crece, que económicamente está sólido y que casi alcanza el desarrollo. ¿Dónde?

Los inconvenientes suscitados por el alto cobro para ingresar a la laguna Céjar están lejos de resolverse, debido a la existencia de intereses que se superponen sobre un derecho consagrado que es e libre acceso a playas, riberas de ríos y lagos. Lo último es ley y debe respetarse a rajatabla, pero cuando se involucran aspectos como características del bien concesionado, administración de comunidades indígenas y preservación natural tiene que ser estudiado detenidamente para no incurrir en errores.

Se pensó que esto había sido visto, estudiado y zanjado con el convenio que firmaron las autoridades del Ministerio de Bienes Nacionales y la comunidad de Sólor, que administra el sector de Céjar. No obstante, hasta hoy persisten diferencias, porque desde una vereda la autoridad ministerial dice que el acceso es gratuito y sólo sometido a una restricción de cantidad de visitas. Y desde el otro lado se defiende el acceso controlado previo pago de 15 mil pesos por el ingreso.

El cobro responde a la utilización de las instalaciones levantadas por la administración y que son necesarias para el mejor cuidado del sector.

Lo malo es que nadie puede salvarse del uso de alguna de las instalaciones, ya sea estacionamiento, baños, duchas, sombreaderos salvo que ingrese por breves instantes a tomar fotografías y todos los restantes deben cancelar los $15.000.

Eso es lo que ha generado molestia en los visitantes, porque al final de cuentas no se garantiza el acceso gratis a la ribera de la laguna y menos a sus aguas, como lo estipula la legislación. El derecho se ve vulnerado por una interpretación de la comunidad indígena sobre sitios concesionados y que junto con restringir el ingreso se busca proteger el ecosistema que se ha visto afectado por la masiva presencia de turistas que contaminan el agua al sumergirse con bloqueador o cremas, además de la basura.

Desde ese punto de vista se entiende la medida, pero se va en contra de un derecho que el gobierno insiste en hacer respetar, pero que se encuentra con trabas que sólo se resolverían si la laguna se declarara reserva natural. Allí ya no habría más cobro pero tampoco visitas.